Según Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el 10% de los contratos públicos están amañados. No es nuevo. Me contó un amigo mío (hace ya muchos años de esto) que la empresa que dirigía su padre se presentó a un concurso para proporcionar material para la Administración Pública; lo preparó muy bien, y lo ganó. Y a los pocos días recibió la visita de una comisión de empresarios del sector, que le dieron la bienvenida al mundo de los contratos públicos. Y le explicaron su estrategia: se presentaban varios a cada concurso; uno ponía un precio alto, para tener un buen beneficio; los demás ponían precios aún más altos, para que ganase el primero. Y el vencedor va cambiando de un contrato a otro. “Tú”, le dijeron, “nos sorprendiste, porque no esperábamos que se presentase nadie que no fuese de nuestro grupo. A partir de ahora, juega con nosotros”. Quizás piense el lector que esto se refiere sólo a que uno gana y otro no. No: es mucho más que esto. Signfica que los concursos públicos son excesivamente caros: Berenguer habló de un 20% de aumento en los precios, que pagamos usted y yo, los ciudadanos de a pie, en forma de impuestos más altos o de menores prestaciones y servicios públicos. Y esto es injusto. Más aún: esto frena el crecimiento y la creación de empleo. Esas empresas con beneficios extraordinarios e ilegales pagarán salarios más altos a sus empleados, haciendo a los sindicatos cómplices de sus maniobras. Y perderemos flexibilidad económica, capacidad de crecer, de generar empleo, de innovar (¿para qué hacer algo nuevo, si, de todos modos, vamos a ganar el concurso?),… O sea, un gran daño para todos. Desengañémonos: si no damos un vuelvo a nuestra política de competencia, nuestros males continuarán durante años y años. O sea: ¡caña a los corruptos!
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