¿Qué puede hacer un cargo público si se tiene por liberal? ...
En primer lugar, ha de tener claro que un liberal ha de apostar siempre por un modo concreto de dirimir la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Dicho claramente y al modo de José María Aznar, un político tiene el deber de reducir el tamaño de la administración en cada oportunidad que tenga. Y, añado, diariamente las tiene. El mercado es siempre, si se le deja tiempo y no se le torpedea con intervenciones sutiles o abiertas, mejor suministrador de bienes de todo tipo que la administración pública.
En segundo lugar, siempre que se enfrente con el problema de lidiar con una subvención, siempre ha de reducirla o, si puede, suprimirla.
En tercer lugar, siempre que se enfrente a una regulación, ha de abrirla, ha de eliminar las barreras de entrada al sector que se trate, sea económico, cultural, social o de beneficencia. La competencia sólo es posible sin barreras de entrada y cualquier regulación tiende a restringir el número de competidores. Esta apertura, esta eliminación de barreras, suprime, además, la acción de los grupos de presión y les impide alcanzar su objetivo: captar rentas del consumidor en su perjuicio o, directamente, de la administración. Además, la apertura reduce las oportunidades para los corruptos.
En cuarto lugar, siempre que se encuentre ante la posibilidad de reducir el gasto, ha de hacerlo. Para ello, la primera víctima de la reducción ha de ser el mismo cargo público que la propugna.
En quinto lugar, cuando se enfrente a la exigencia de realizar una obra de infraestructura ha de analizar quiénes son los sectores sociales directamente beneficiados y quiénes saldrán perjudicados en términos relativos. Una infraestructura puede elevar las rentas y los precios en un sector en detrimento de quienes no ven elevadas sus rentas, pero sí sufren el aumento de precios. Ese análisis ha de hacerse público. Todos retratados.
En sexto lugar, cuando tenga que tratar cuestiones anuales de presupuestos públicos, ha de optar siempre por la rebaja impositiva drástica, acompañada de la consiguiente rebaja del gasto. Ha de ser lo suficientemente consistente defendiendo que lo primero beneficia a la mayoría y que lo segundo sólo perjudica a unos privilegiados.
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