D. SORIANO
La pasada semana, el Pacto de Toledo (la comisión sobre pensiones que reúne a todos los partidos con representación parlamentaria) emitió sus conclusiones sobre la próxima reforma de las pensiones públicas. En el texto aprobado, se apuesta por una elevación del período de cálculo y se aboga por elevar la edad real de jubilación. Además, los anuncios del Gobierno apuntan a que la reforma final incluirá el retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años. Y la mayoría de los expertos ya han realizado estudios en los que se muestra que ésta no será la última de los cambios: los jóvenes españoles ya saben que se tendrán que jubilar a los 70 años y que la prestación será mucho más reducida que la que cobran sus padres.
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Esta noticia ha saltado ahora, después de que las Mesas del Congreso y el Senado, que se reunieron este martes en la Cámara Baja, hayan estudiado algunas de las cuestiones comunes. Entre ellas estaba la solicitud, realizada hace ocho meses, de Rosa Díez para reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios e igualarlo al del resto de los españoles. Pues bien, según informa Efe, ambas Mesas han decidido comunicar a la líder de UPyD que el sistema de complemento de pensiones de los Parlamentarios es "válido y adecuado".
Díez también reclamaba que diputados y senadores pudieran cobrar el subsidio de desempleo en lugar de indemnizaciones por cese de actividad. En definitiva, lo que Rosa Díez quiere es que se eliminen todos esos privilegios "inalcanzables" para el resto de los trabajadores.
En realidad, el sistema de pensiones de los diputados es un complemento a las pensiones públicas. De esta manera, las Cámaras complementan la paga que les correspondería hasta llegar al máximo legal en la Seguridad Social. Por ejemplo, si la pensión de un parlamentario, de acuerdo a sus cotizaciones es de 1.000 euros y el máximo previsto por el sistema en ese momento es de 2.300 euros, el Congreso se hace cargo de los 1.300 euros restantes. Los partidos se esconden detrás de estos hechos (es un complemento, lo pagan las Cámaras y no la Seguridad Social, etc...), para tapar lo que es un privilegio evidente costeado con dinero público y al que no tienen acceso los demás españoles.
Para obtener estas ayudas un parlamentario sólo tiene que tener cumplidos los 65 años y haber ejercido en las Cortes durante siete años (hay que recordar que para el resto de los españoles el mínimo cotizado para tener derecho a una prestación contributiva es de 15 años). No sólo eso, sino que esos 7 años en las Cortes les garantizan el 80% de pensión, mientras que 15 años cotizados (que serán 20 ó 25 tras la reforma) para un trabajador normal sólo sirven para cobrar un 50% de la pensión que corresponda a su base de cotización.
Además, con 12 años en el Parlamento ya se tiene derecho a la pensión máxima desde el momento de la jubilación, mientras que los demás curritos tienen que tener al menos 35 años cotizados (y se habla de aumentar este cifra a 40) para cobrar esa cantidad.
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Sin embargo, es una justificación bastante poco sólida. Para empezar, un político ya sabe lo que cobrará cuando decide presentarse a unas elecciones. Si le parece poco, que no lo haga y se busque la vida en la empresa privada, a ver si allí les pagan los 3.125 euros (más dietas y complementos se van fácilmente muy por encima) que cobran los diputados y senadores.
En segundo lugar, cabría preguntarse si necesitan más protección contra el desempleo o la jubilación que el resto de los trabajadores españoles. Es cierto que cuando un diputado pierde unas elecciones puede verse en el paro (como un fontanero al que despiden de su empresa). Casi nadie tendría nada en contra de que cobrase el paro el tiempo correspondiente, como el resto. Pero, ¿por qué una indemnización especial?
En realidad, los parlamentarios hacen muchos contactos durante el ejercicio de su función, conocen a gente muy relevante en el mundo de la empresa y se dan a conocer en sus partidos. Además, muchos de ellos tienen excedencias y vuelven a su trabajo anterior con normalidad (normalmente, en el sector público). Se hace difícil imaginar que un senador cesante esté peor y necesite una indemnización más alta que el fontanero del ejemplo.
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