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lunes, 21 de enero de 2013

REFLEXIONES sobre LA REFORMA TERRITORIAL QUE NO LLEGA, por Jaime de Piniés Bianchi


Otro amigo nos aclara:
 
Estoy totalmente de acuerdo…….

Imagina que te dicen que tienes mal una mano, por ejemplo gangrenada, y que para salvarte de morir tienes que cortártela TÚ mismo…..¿serías capaz?

Pues lo  de los políticos del PP desmontando las Diputaciones (primera medida lógica, ya que para que sirven en un Estado Cuasi-Federal las Diputaciones?) es casi inviable.

Como te recuerdan en Petit Comité: ¿Cómo vamos a desmontarlas ahora que las controlamos casi todas?

Con la cantidad de puestos de confianza, amiguetes, enchufados y familiares que tienen allí….!

P.S. Sustitúyase al PP por el PSOE—UGT cuando se quiera, pero ahora es PP.


Otro amigo me comenta:
 
El debate es interesante, pero no caigamos en exageraciones. No se puede comparar la administración franquista con la actual, donde se han conseguido muchos servicios (sanidad, educación...), a los que casi nadie en este país está dispuesto a renunciar.

Funcionarios son los maestros y profesores de secundaria y Universidad, los médicos, enfermeras y personal auxiliar; los jueces, policías y militares. Todos ellos suponen cerca del 70% de los funcionarios, y no parece que sobren muchos, al revés faltan jueces, inspectores fiscales y en bastantes sitios, médicos y profesores.

¿Que en el 30% restante, es decir, unos 900.00, sobra un tercio por lo menos?, seguramente sí, y ya se está empezando a reducir, pero no es fácil con las actuales leyes de seguridad en el puesto de funcionarios.

¿Que hay que mejorar eficiencia de todos los servicios públicos y optimizar costes?, por supuesto, pero exije consultorías externas (como hacemos en la empresa privada), proyectos complejos, gestión del cambio, vencer resistencias al cambio, informatización de procesos....etc. Y no se hace en 1-2 años, el tema es más complejo. Y sobre si hay o no voluntad política de hacerlo, y si se está haciendo, mi opinión personal es que algo se está empezando a hacer, pero no al ritmo que necesita este país.

Respecto a los gastos de representación, es muy importantes recortarlos a efectos de "ejemplaridad política", pero a efectos presupuestarios son el chocolate del loro, no deben ser ni el 0,1% del presupuesto de las AA.PP.

Finalmente, ojo con reducir el número de concejales como plantea el PP, son cargos políticos electos, que en su inmensa mayoría no cobran nada. Reducirlos sólo favorece a los dos grandes partidos, limita la pluralidad política, y perpetúa en el sistema a dos partidos que necesitan hoy por hoy una importante renovación, a lo que ayudará que entren nuevos partidos en los Ayuntamientos, aunque el habría que reducir el número de Ayuntamientos, por supuesto. Otra cosa es cuántos concejales cobran, cuánto cobran y qué dietas reciben, pero el número no lo reduzcamos, no restrinjamos más una democracia que cada vez está más cuestionada. El camino es el opuesto, hay que abrir más vías de participación política para los ciudadanos.





Un amigo me comenta:
 
Reestructurar el sector público significa suprimir cantidad de prebendas (“gastos de representación” , coches y chóferes, tarjetas de crédito, viajes,, etc…etc…) e instituciones/empresas públicas innecesarias y  cargos y/ó puestos de trabajo (diputados, concejales, consejeros, secretarios varios, jefes de gabinete, asesores, etc…etc…no ocupados por funcionarios de carrera/oposición claro) que dependen de la mera decisión política de quien ejerza el poder en cada momento.

Así que, ¿cómo puedes esperar que sean ellos mismos los que se auto-supriman todas sus prebendas y cargos ó puestos de trabajo?  

A final de 1975 España tenía unos 732000 servidores públicos con unos 35 millones de habitantes; ahora tenemos más de 3,2 millones de servidores públicos entre funcionarios, interinos, contratados laborales, asesores, diputados, ministros, secretarios de Estado, presidentes/directivos/empleados de empresas públicas (algunas son necesarias como también lo eran en 1975), diputados, concejales, catedráticos y profesores de las “n+n” universidades públicas actuales,etc…etc… para 45 millones de habitantes.

Una simple regla de tres diría que sobran unos 2.250.000.

Y además estamos con 6 millones de parados; si añadimos los que cada día faltan al trabajo por causas diversas (absentismo) que está alrededor de un 6% -tirando por lo bajo-de la población activa con trabajo (es una media; en el sector público es mayor),hay que añadir otro millón más.


Por último nuestra productividad media comparada con la de los países competitivos de la zona euro no supera el 90%. Así no hay país que aguante; éste es en mi opinión el primer y principal problema a abordar, pero… ¿Quién lo hará?

P.S. Que el profesor Niño ó cualquier otro docto profesor de economía compruebe estos datos y le inspiren un artículo para la opinión pública...
  




LA REFORMA TERRITORIAL QUE NO LLEGA

Vivimos una tensa relación entre los distintos niveles administrativos del país.  El Estado, las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, las Mancomunidades y los Municipios frecuentemente se solapan en competencias sin que nadie verdaderamente quiera poner fin a la duplicación y a la ineficiencia Preguntado por el gran número de municipios en el país, muchos políticos contestan que no sobra ni uno, ni por supuesto tampoco sobra ningún alcalde ni concejal.

Sin embargo,  la duplicidad de funciones y el gasto despilfarrador ha llegado a encontrarse en entredicho con la aguda falta de liquidez que vive el país,  así como la persistente crisis inmobiliaria; obliga incluso a los más reticentes a ahorrar.  Por ejemplo, una reciente iniciativa del Gobierno contempla la eliminación de las mancomunidades en España y propugna cierta reducción en el número de municipios que suman, actualmente, 8.116 en total.

Sorprende la supresión de las mancomunidades pues son entidades constituidas por agrupación de municipios, bajo la órbita de las Comunidades Autónomas, para mejorar y hacer más eficientes la prestación de servicios básicos, tales como, la recogida de basura, maquinaria de obras, servicios técnicos, servicios sociales, etc.  Funciones similares las realizan las Diputaciones que fueron creadas por un patrón estatal anterior a la Constitución de 1978 y cuya redundancia es evidente desde la puesta en marcha del estado autonómico.   Pero, lo que más sorprendente de la iniciativa es el escaso ahorro que se pretende conseguir con estas medidas, tan siquiera 3.500 millones de euros.  Estudios presentados y comentados en el último y animado Debate del Foro Arrupe Madrid muestran ahorros iniciales diez veces mayores, si se consiguiera agrupaciones municipales mínimas de 20.000 habitantes entre los municipios, si se impusiera criterios de eficiencia en la gestión de todas las Comunidades Autónomas así como en las grandes urbes, y si, además, se suprimiesen las Diputaciones que son superfluas desde la creación de las Comunidades Autónomas.

Sin embargo, dichos ahorros parecen no interesar a nuestra clase política.  A mayor número de instancias administrativas la oportunidad para el caciquismo está servida; aspecto que parece muy atrayente para ciertos de nuestros políticos.  También contribuye al status quo la falta de transparencia que dificulta que la Sociedad Civil española se entere debidamente y actúe, en consecuencia, poniendo límite a una situación del todo inviable.  Dicho esto, lo cierto es que estimaciones como las realizadas por algún joven y valiente partido político y por ciertos Secretarios de Administración Local, igualmente valientes, empiezan a aportar luz.

En estos momentos económicos tan difíciles en que nuestro país precisa de ayuda económica extranjera, podemos atisbar una mínima luz de esperanza: será el exterior el que ponga condiciones y presione a la clase política para que haga reformas.  Mucho pedir será que quemen la poltrona, pero algo tendrán que hacer para proceder a simplificar las estructuras presentes, tal y como la presión exterior reclama.  No será toda la reforma territorial que necesite España pero bienvenido sea cualquier paso que mejora la eficiencia del sector público.

Jaime de Piniés Bianchi

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